La política en la doctrina social de la Iglesia

Por el profesor de sociología Pedro Morandé

CIUDAD DEL VATICANO, sábado, 5 julio 2008 (ZENIT.org).- Publicamos la relación que pronunció el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, Pedro Morandé Court, en el seminario internacional “La política, forma exigente de caridad”, convocado en Roma por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.

La política en la doctrina social de la Iglesia

Introducción

El tema asignado a esta exposición está magistralmente recogido y resumido en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tanto en la sección que explica los principios generales de la enseñanza social, cuanto en el capítulo destinado al análisis de la comunidad política. En la imposibilidad de abordar en breves minutos el conjunto de todos sus elementos, quisiera llamar la atención solamente sobre algunos aspectos que parecen especialmente relevantes de esta enseñanza en el contexto del proceso de globalización en curso, a saber, el papel de la sociedad civil y del Estado, la relación entre el orden jurídico y el orden político y la influencia creciente de los medios de comunicación de masas en la constitución del espacio público.

Pero antes de referirme a ellos quisiera señalar, a modo introductorio, que la política está al servicio del bien común de la sociedad, es decir, debe ayudar a garantizar “el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (GS n.26). La Iglesia enseña que el ser humano es por su propia naturaleza un ser social, cuya vocación es participar de la comunión con Dios y en Dios, que se ha revelado intrínsecamente como una comunión de personas, como también, participar de la comunión con los demás seres humanos que han sido llamados a idéntica vocación. Por ello, la perfección del ser humano no representa solamente un bien individual, del cual cada persona es responsable, sino también un bien para todas las comunidades en que él participa, las cuales se hacen así co-responsables del bien compartido. El bien común de las personas, de las sociedades intermedias y de la sociedad en su conjunto tiene así tanto una dimensión transitiva como una intransitiva. Por la primera, procura garantizar el bien personal de cada uno de los seres humanos ayudándoles a su perfección. Por la segunda, valora en sí misma esta sociabilidad que hace posible a los seres humanos vivir en la verdad y en la caridad, es decir, en comunión.

Por ello, al cuidado y responsabilidad colectiva sobre el bien común le ha llamado también el magisterio “justicia social”, en el doble sentido de dar a cada uno lo que le es debido en justicia, como también, velar para que el vínculo de sociabilidad entre las personas sea en sí mismo justo y digno de ellas. El bien común no es, en consecuencia, un producto o agregación de valor, una suerte de sumatoria de bienes privados, o de bienes públicos de “interés general”, sino un bien que sólo existe en cuanto compartido y que no puede ser apropiado o distribuido privadamente sin que en ese mismo acto se destruya. Así puede entenderse la enseña del Papa Benedicto XVI cuando afirma que “el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política”. Y agrega: “La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética” (DCE n.28 a).

Una visión de este tipo hace inmediatamente comprensible también otros dos principios tradicionales de la DSI: la solidaridad y la subsidiariedad. Dice el Compendio de la DSI que “la solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida” (n. 192). Y más adelante agrega: “El término solidaridad expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos” (n. 194). Un orden justo sólo puede ser solidario en los términos antes descritos.

Pero por otra parte, este espacio social ofrecido a la libertad humana no puede desconocer que cada persona humana es una unidad sustancial, un fin en sí misma, y que participa de la sociedad de diversos modos y a través de distintas asociaciones, algunas de las cuales pueden ser circunstanciales u orientadas al logro de un propósito específico, como las sociedades comerciales, por ejemplo, pero otras, sin embargo, ser portadoras del bien compartido de una sociabilidad intrínsecamente justa, como el matrimonio, la familia, la escuela o la comunidad religiosa, por ejemplo, que exigen ser reconocidas en su naturaleza y autonomía, con la autoridad necesaria para gobernar su propio destino y decidir sobre aquello que le conviene. Este reconocimiento es la esencia del principio de subsidiariedad, que pide respetar el protagonismo propio de la libertad de las personas y de las asociaciones en que ellas se han involucrado de tal manera que, su pertenencia a ellas, pone en juego la vocación a la comunión en algunos de sus aspectos esenciales. La tarea fundamental de la justicia social, a este respecto, es armonizar la vida y la acción de estos diversos tipos de grupos en que las personas se involucran, sabiendo distinguir entre aquellos cuyos bienes son de apropiación privada de aquellos que representan un bien en sí mismo y que sólo puede existir por la sociabilidad compartida. Como bien precisa la frase ya citada del Papa, el orden justo que compete a la actividad política no sólo se refiere al Estado, sino también a la sociedad misma.

Pues bien, con estas breves precisiones introductorias paso a referirme a los tres temas mencionados al inicio.

Sociedad civil y Estado

Suele entenderse la política en la actualidad como aquella actividad que compete a los órganos del Estado, particularmente al poder constituyente y legislativo, por una parte, y a los órganos de gobierno, por otra. Como en el contexto de sociedades democráticas o en vías de democratización tales órganos contemplan la elección popular de sus integrantes, la preocupación política se extiende a los partidos políticos y a los sistemas electorales en que ellos están involucrados, al financiamiento de las campañas y a la libertad de prensa y de expresión que dan legitimidad al conjunto del procedimiento. Dado que el elector es individual y las decisiones políticas son vinculantes para todos, se suele conceptualizar la vida política como la relación entre el individuo y el Estado, como si entre ambos no existiese ninguna mediación intermedia, distinta a la que representan los propios partidos políticos como formas de canalización de las preferencias de la población hacia los diferentes candidatos en competencia. Por razones que no es del caso analizar aquí, los grupos que forman la sociedad civil no son considerados actores políticos importantes y se los sitúa antes en la esfera privada que en la pública.

Esta preponderancia de una visión simultáneamente estatista e individualista sobre la política surge de la idea de que la soberanía, aunque reside genéricamente en la nación o, si el concepto se considera ya obsoleto, en los electores, se transfiere a los órganos del Estado de tal suerte que, una vez elegidos los titulares de las diversas funciones, ellos ejercen una suerte de monopolio del poder sobre el espacio público, con los contrabalances y equilibrios que las constituciones disponen y, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con respeto y sujeción a los derechos personales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, podría afirmarse que fue justamente contra esta concepción de la soberanía que surgió la Doctrina Social de la Iglesia. Como sostiene brillantemente Russel Hittinger, ella no nace tanto de la compasión que despertó la situación de los trabajadores como resultado de la industrialización y del conflicto correspondiente entre capital y trabajo, sino más bien de la necesidad de la Iglesia de defender sus asociaciones y, particularmente, sus escuelas, de la pretensión del Estado de ser la única persona jurídica de derecho público, considerando a todas las personas naturales y demás personas jurídicas como súbditos. La consecuencia de esta interpretación, como él mismo señala, sería que todos los grupos de personas que forman parte de la sociedad civil, no podrían aspirar a otro status jurídico que el resultante de contratos entre individuos privados, a menos que el propio Estado les “conceda” un status jurídico distinto. Aunque tal concepción tiene un origen preciso en la Revolución Francesa, se extendió a varios otros países y sus ecos llegan realmente hasta nuestros días si se observa la discusión pública en varios países o la interpretación jurídica del principio de subsidiariedad en varios Estados.

Ejemplos emblemáticos de ello son la legislación y la política respecto al matrimonio y a la familia, los que son considerados crecientemente como una mera realidad de hecho o como una asociación contractual entre privados, como también la consideración de la escuela como un mero prestador de servicios educacionales que pueden recibir subvención del Estado cuando se considera que es demasiado gravoso que éste los preste por sí mismo y prefiere externalizarlos, pero se guarda el derecho de definir el curriculum escolar nacional, de realizar las pruebas relativas al rendimiento escolar o de exigir una acreditación externa a los establecimientos educacionales. La tendencia de la sociedad actual a organizar todas sus actividades en sistemas funcionales orientados a la obtención de resultados y evaluados por su productividad y rendimiento tiende a desconocer la realidad de las sociedades y grupos humanos intermedios, especialmente, el aporte que ellos realizan al bien común con su propia sociabilidad.

Juan Pablo II acuñó la expresión “subjetividad de la sociedad” (CA n.13) para definir la contribución que hacen los grupos de personas y asociaciones intermedias al bien común de la sociedad y al desarrollo de su cultura. Con ello pareciera que quería indicar que la referencia indispensable que la sociedad debe prestar a la dignidad de la persona humana no sólo se expresa en términos individuales, sino también en la experiencia de sociabilidad comunional que realiza la vocación de los seres humanos a ser personas, comenzando ciertamente por las familias. También habló de la necesidad de desarrollar una auténtica “ecología humana” o “ecología social” (CA n.38) para preservar la dignidad y la calidad de la vida de la sociedad en el contexto de la solidaridad intergeneracional que da sustentabilidad al desarrollo social en el mediano y largo plazo. Es decir, se trata de aspectos esenciales de la responsabilidad política para la construcción de un orden justo y que atañen no sólo a los actores políticos propiamente tales, sino que a la sociedad en su conjunto.

El actual proceso de globalización, que ha puesto de manifiesto que los vínculos sociales trascienden las fronteras jurisdiccionales de los Estados, ha contribuido también a mostrar la importancia creciente de la sociedad civil y de sus organizaciones en la búsqueda del bien común y de la paz social. Aunque el nombre con que se les designa actualmente, “tercer sector”, para diferenciarlas del sector público y del sector privado, no parece el más afortunado, puesto que nada dice del valor moral que representa su propia experiencia de sociabilidad, existe, sin embargo, la conciencia de que estas organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro tienen un lugar insustituible en la gobernabilidad de la sociedad y en la más justa distribución de los bienes y de las oportunidades para el desarrollo de los diferentes sectores sociales. Y aunque ellas mismas operan con gran eficiencia, su renuncia al lucro y la incorporación del trabajo voluntario no remunerado recuerdan a la sociedad que la eficiencia no puede constituirse en el valor supremo de la vida social, sino que debe subordinarse al valor más alto de la dignidad humana y del orden justo que ella reclama. El gran desafío de la política pareciera ser, a este respecto, que deje de ser autorreferente en cuanto a la conquista y mantención del poder político para ponerse al servicio de las personas y de aquellas asociaciones que contribuyen a su perfección.

Orden jurídico y orden político

Dice el Compendio de la DSI: “Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa trabajar, ante todo, por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre”. Y citando a Juan XXIII agrega: “En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana” (n.388). Los derechos y deberes de las personas e instituciones encuentran su expresión más transparente en el orden jurídico. Por ello, la DSI ha considerado tradicionalmente el orden jurídico y el orden político como inseparables, aunque ha reconocido también que el orden jurídico por sí mismo no es suficiente para producir una convivencia humana digna y pacífica, si no existe simultáneamente y como fundamento la amistad civil y, en último término, la caridad fraterna.

No obstante que la mayor parte de los Estados, después de la trágica experiencia de la segunda guerra mundial y del holocausto, han incorporado los derechos humanos a sus fundamentos constitucionales es posible observar en la actualidad un cierto distanciamiento fáctico entre el orden jurídico y el sistema político en variadas direcciones. Por una parte, se da la tendencia a referir todo el ordenamiento jurídico a la ley positiva, con prescindencia de cualquier referencia a la ley moral natural o a un principio trascendente respecto de la voluntad legislativa. Con ello, se subordina de hecho el orden jurídico al sustento político de las mayorías que gobiernan. Por otra, se da también con frecuencia el hecho de que los propios agentes del Estado, bajo el pretexto de amenazas excepcionales a la seguridad, actúan al margen de la ley y violando sus preceptos, amparados en una impunidad de hecho. Finalmente, la desregulación jurídica o su insuficiencia frente al vertiginoso desarrollo de la técnica, de la ciencia, de las comunicaciones y, en general, de la eficiente operación de los restantes subsistemas funcionales de la sociedad está produciendo el fenómeno de que importantes actividades de la vida social encuentren mecanismos de regulación eficaces al margen de la ley, cuya consecuencia no es sólo la desprotección frente a los derechos básicos de las personas, sino también el desprestigio y la deslegitimación del orden jurídico como tal. No son pocos los países entre los cuales el prestigio institucional de los tres poderes del Estado se ubica entre los más bajos del ranking de instituciones y, de entre ellos, el poder judicial es el más deteriorado, bajo sospechas de arbitrariedad y corrupción.

Baste recordar la necesidad que sintió Juan Pablo II de escribir su encíclica Evangelium vitae condenando el aborto y la eutanasia, pero recordando, al mismo tiempo, que la comunidad política tiene el deber de dictar leyes justas, respetando los valores morales que derivan de la verdad misma del ser humano, de la ley moral natural y objetiva, que es punto de referencia normativo para la ley civil. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino recordaba que una ley injusta es inicua y deja de ser ley para transformarse en un acto de violencia (EV n.72). El Papa Benedicto XVI ha recordado en repetidas ocasiones que cuando se pone a Dios entre paréntesis o se vive y actúa como si no existiese, se deforma trágicamente el sentido de la realidad y se abandona el fundamento de la moral. Por ello, afirma que “la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente”. Y agrega enseguida que la doctrina social católica “desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después puesto también en práctica” (DCE n.28 a).

Esta ceguera ética de la razón no es ciertamente un problema exclusivo de la política. También la encontramos en la economía, en la ciencia y en tantas otras actividades. Sin embargo, en la política esta ceguera se vuelve paradigmática, puesto que comete injusticia en nombre del orden justo, poniendo la arbitrariedad y la violencia como fundamentos de la convivencia social. La amistad cívica requiere para poder florecer de la confiabilidad en las personas y en las instituciones, y la autoridad política más que cualquier otra autoridad social puede ayudar a cimentarla como a destruirla. Tal vez en esto radique hoy la más importante contribución que la política hace a la sociedad en su conjunto: darle la credibilidad y transparencia necesarias para que la confianza sea un recurso preferible a la violencia.

Política y medios de comunicación

La revolución electrónica de las comunicaciones ha permitido que los medios masivos de comunicación transformen muy sustancialmente el espacio público de la vida social. Penetrando hasta la intimidad de los hogares, los medios han logrado familiarizar a las personas y las familias con los asuntos que atañen a toda la sociedad y se han hecho, a su vez, portadores de las necesidades sociales hacia las autoridades políticas. El eficiente funcionamiento de la democracia actual sería impensable sin la información transmitida por los medios, especialmente, el desarrollo de una permanente fiscalización ciudadana de los actos de gobernantes y legisladores. Parte importante de la actividad política se realiza, en consecuencia, a través de los medios y en los medios, complementando y reforzando, en ocasiones, la acción de las instituciones políticas, pero también, a veces, anticipándola y hasta sustituyéndola, contribuyendo con ello a una cierta desinstitucionalización de la actividad social, en general, y de la política, en particular, entre otras razones, por el hecho de que las instituciones no son capaces de trabajar al ritmo impuesto por una comunicación “en tiempo real”.

Desde el Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia ha acompañado con gran aprecio el desarrollo de los medios de comunicación electrónica y también ha hecho uso de ellos para llevar la voz de los pontífices hasta los confines del mundo. Pero ha manifestado también la necesidad de un discernimiento y juicio evangélico sobre los contenidos que se transmiten y sobre su efecto sobre la formación de las conciencias y las relaciones humanas que fomentan o inhiben. Como ha dicho recientemente el Papa en un congreso de universitarios católicos dedicados a la formación de comunicadores, “es evidente que en el centro de cualquier reflexión seria sobre la naturaleza y la finalidad de las comunicaciones humanas debe estar un compromiso con las cuestiones relativas a la verdad. Un comunicador puede intentar informar, educar, entretener, convencer, consolar, pero el valor final de cualquier comunicación reside en su veracidad”. Pero advertía enseguida que la “pasión por la verdad, que también puede servirse de cierto escepticismo metodológico, especialmente en cuestiones de interés público, no debe distorsionarse ni convertirse en un cinismo relativista según el cual se rechace o ignore habitualmente cualquier apelación a la verdad y a la belleza”.

Tengo la impresión que esta advertencia del Papa se aplica de manera especial a los políticos quienes de hecho deben valerse habitualmente de ese “cierto escepticismo metodológico” en sus actos de fiscalización y control de la autoridad política, como también cuando reciben peticiones interesadas de grupos de persuasión y de presión profesionales. Pero también tienen la tentación de valerse de esta metodología y transformarla en un cierto cinismo relativista de cara a los medios de comunicación con el propósito de cautivar audiencias, familiarizarlas con su imagen y acrecentar el caudal de votos. A ello les ayuda la alta credibilidad de que gozan los medios de información entre la población y la actitud de las audiencias que buscan entretención a costa de los foros y de las discusiones acerca de los problemas de las personas, sin que importe, muchas veces, ni la artificialidad de los problemas, ni la veracidad de las imputaciones si ellas ayudan a decidir quienes son ganadores y perdedores. El simulacro y la impostura, el escándalo y hasta las extravagancias pueden tener también su rédito si ayudan a llamar la atención de los espectadores y a posicionar una figura pública. Aunque se pueda decir, en cierto sentido, que tal problema ha acompañado siempre la vida política de las naciones, los medios lo han potenciado y masificado a niveles antes desconocidos, pues el espacio público ha invadido también la privacidad de los hogares.

Otro efecto de los medios de comunicación sobre la vida social y política es la acentuación del corto plazo y del presente en perjuicio del mediano y largo plazo. No se trata ciertamente de un efecto intencionalmente provocado, sino que es consecuencia de la tecnología misma de comunicación en “tiempo real”. Las noticias tienen un tiempo de vigencia cada vez más corto y se olvidan con rapidez, aunque perduren en el registro. Como son efímeras, valoran también lo efímero, el instante. La actividad política, crecientemente dependiente de los medios masivos de comunicación, ha debido adaptarse progresivamente a este mismo criterio de temporalidad. Pero ello ha colaborado a despojar a la actividad política de su dimensión cultural, puesto que esta última apela a la formación de tradiciones y a su transmisión intergeneracional. Pone también en riesgo la realización de los valores de la verdad, la libertad y la justicia que son los valores esenciales que la doctrina social de la Iglesia propone para la vida social, puesto que ellos necesitan tiempo para ser comprendidos en profundidad, paciencia y perseverancia para encarnarse y socializarse. La sobrevaloración del instante favorece su sustitución por sucedáneos y distractores, pudiendo llegar a deformar gravemente la conciencia moral de las naciones.

Pues bien, por las razones antes expuestas parece indispensable ampliar la visión sobre la política más allá de los límites estrechos que usualmente le ponen los partidos políticos y los procesos electorales. Desde la doctrina social de la Iglesia podemos entender la política como toda la actividad humana que procura reconocer y realizar el bien común de la sociedad, de construir un orden justo, de dar un testimonio de esperanza. Ningún ámbito de la vida social se sustrae a esta dimensión política, sino que ella los cruza todos transversalmente: la familia, la cultura, la educación, la ciencia, los medios de comunicación y ciertamente también, los ámbitos específicos del gobierno, de la legislación y de la judicatura. Desde la dignidad de cada persona humana, la actividad política hay que entenderla en su proyección moral y cultural antes que en su dimensión tecnológica. Cuando la tecnología deja de tener raíces profundas en la cultura, se transforma en una tecnocracia ciega a las necesidades humanas. Por ello, el Papa Benedicto XVI nos advierte que “El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo”. Y agrega: “Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez” (Ss n.24).

Esta es, según me parece, la exigente forma de la caridad a cuyo servicio está la política. La doctrina social de la Iglesia ilumina con la luz de la revelación y de la fe el significado de la vida política como la opción de la libertad por el bien de la comunidad, por el bien común. Pero esta doctrina sería letra muerta si no tuviera testigos creíbles que la encarnaran en cada una de las diversas y complejas realidades sociales que constituyen a la sociedad globalizada que está emergiendo. La doctrina surge de la misma experiencia de la Iglesia, de sus comunidades cristianas. El crédito o descrédito de la doctrina social depende, en consecuencia, de la vitalidad, coherencia y creatividad de estas comunidades, de su apertura al Espíritu Santo como espíritu de la verdad y de la libertad. Asombra, por una parte, ver el crecimiento del voluntariado entre los cristianos en las múltiples iniciativas caritativas en medio de la sociedad civil. Se echa de menos, en cambio, una presencia cristiana más incisiva en el espacio público, en los areópagos del pensamiento y de las comunicaciones sociales, en la formación de la opinión pública, en la educación de las nuevas generaciones en el “ethos” cristiano.

El magisterio social de la Iglesia tiene como columna vertebral la prioridad de las personas y su vocación a la santidad. Pero enseña también que cada persona es un ser-en-relación, nacido para la comunión en la verdad y en la caridad. Necesita, por tanto, de la fortaleza de las familias y de las comunidades de personas donde se aprende qué significa amar y ser amado. Este primer círculo del tejido social se amplía ahora considerablemente, por medio de la comunicación, a la división internacional del trabajo, a la vida política del Estado, a las relaciones internacionales, a la diversidad de culturas y a la necesidad de una convivencia pacífica de los pueblos entre sí y de éstos con la naturaleza. El servicio de la política se despliega en cada uno de estos niveles, pero es necesario que los distinga y que reconozca a cada uno de ellos su status ontológico y su jerarquía para que sea posible la construcción de un orden justo al servicio de la vocación humana.
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