La extirpación de la pobreza es un «compromiso moral»

La extirpación de la pobreza es un «compromiso moral»Intervención del observador vaticano ante Naciones Unidas

NUEVA YORK, viernes, 12 octubre 2007 (ZENIT.org).- Extirpar la pobreza es un compromiso moral, subrayó el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, este martes en Nueva York.

El prelado tomó la palabra ante la tercera comisión de la 62 sesión de la Asamblea General, recordando que en la cumbre mundial para el Desarrollo Social de 1995, en Copenhague, los estados miembros de Naciones Unidas afirmaron «la necesidad de afrontar el problema de la pobreza atacando a sus raíces estructurales».

En aquella ocasión, añadió, «han decidido incorporar a sus políticas nacionales como elemento esencial una neta reducción de la desigualdad y de las diversas formas de marginación, y de alcanzar la plena integración social.

El debate internacional que siguió a la cumbre se ha concentrado en la lucha global para extirpar la extrema pobreza, apuntando al logro de los Objetivos del Milenio y afrontando problemas como la deuda externa, el gobierno de las finanzas mundiales y las emergencias que provocan o agravan la pobreza, como guerras, corrupción, tráfico de estupefacientes y de seres humanos.

Según el arzobispo, es también importante subrayar que las políticas económicas no pueden ser separadas de las políticas sociales, porque en caso contrario, ni la una ni la otra lograrán alcanzar los respectivos objetivos.

En los últimos doce años, observó, «ha habido una clara tendencia al aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, y entre naciones.

Además, han surgido nuevas formas de pobreza, tanto en los países ricos como en los pobres, junto a aquellas más tradicionales, caracterizadas principalmente por amplias diferencias de ingresos.

«La escasez de fondos entre los sectores más débiles de la sociedad ha llevado a la pérdida de relaciones y redes sociales, necesarias para mantener la integridad y la dignidad personales, constató; es el caso de los ancianos abandonados a sí mismos, las personas enfermas no aseguradas, los desocupados y los trabajadores no cualificados, los migrantes que no encuentran trabajo, las mujeres y los niños que sufren por la disgregación de las familias, todos aquellos que se encuentran en situaciones precarias».

«Hoy, el mundo sufre la separación en mayor o menor grado entre el desarrollo social y el progreso económico», observó Migliore. Por este motivo, la Declaración de Programa de Acción de Copenhague sigue siendo relevante, y señala «los medios necesarios para superar la marginación y crear las condiciones para que todos se puedan beneficiar del desarrollo económico».

Si la responsabilidad de la equidad social corresponde en primer lugar a cada gobierno, «la comunidad internacional tiene el deber de colaborar activamente en su implementación, creando condiciones comerciales y financieras favorables al crecimiento de todas las economías nacionales, y rechazando las condiciones que sean obstáculo para los estados a la hora de adoptar políticas encaminadas a ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como las personas con minusvalía y los ancianos», explicó.

Del mismo modo, «está llamada a ayudar a los estados a desarrollar estas políticas, a promover una nueva cultura de solidaridad y a reforzar a los pobres para que puedan ser los protagonistas de su desarrollo».

En la base de todas estas políticas sociales, explicó el arzobispo, está la instrucción: «Una sociedad instruida facilita la lucha contra la corrupción que erosiona la posibilidad de crecimiento económico de los más pobres» y «ayuda a crear una estructura legal que deje amplio espacio a los derechos de propiedad y a la libre empresa, salvaguardando al mismo tiempo el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de todos, sin excepciones».

«La extirpación de la pobreza y el pleno disfrute de los derechos sociales de base, por parte de todos los individuos y de sus familias, es fundamentalmente un compromiso moral», añadió. Por tanto, «deben ser objetivos de todas las políticas económicas y de desarrollo, y ser la medida de su éxito o fracaso», concluyó.

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