La libertad religiosa es «puente» entre los demás derechos humanos, recuerda la Santa Sede

Intervención del arzobispo Tomasi en el Consejo para los Derechos Humanos

GINEBRA, martes, 18 septiembre 2007 (ZENIT.org).- Por su naturaleza la libertad religiosa es «puente» entre las distintas categorías de los derechos humanos, recuerda el arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra.

Sin embargo «en los debates actuales existe una difundida percepción de que la comunidad internacional debe afrontar la difícil tarea de equilibrar libertad religiosa, libertad de expresión, respeto de las creencias y de las convicciones religiosas y no religiosas, difamación de la religión y de los miembros de una religión», constató el prelado al intervenir –el viernes pasado— en Ginebra en la VI sesión del Consejo para los Derechos Humanos.

Con todo, el desarrollo de la protección y de la promoción de todos los derechos humanos fundamentales «muestra que la libertad religiosa puede servir como elemento de síntesis, como puente entre las diversas categorías de derechos humanos», advirtió.

Y es que «la profesión de una religión en público o en privado es de hecho una libertad que pertenece no sólo al terreno de los derechos civiles y políticos –y por lo tanto ligada a la libertad de pensamiento, de expresión y de culto–, sino también al de los derechos económicos, sociales y culturales», recalcó.

Un vínculo de este tipo se evidencia –prosiguió– «en la capacidad de auto-organización de las religiones, en la acción caritativa de los miembros de las comunidades de fe y en las formas de solidaridad llevadas adelante por las instituciones religiosas en los sectores de la salud, de la educación y de la formación».

«Más aún: la presencia y la influencia de las principales religiones del mundo, además, ha sido frecuentemente un medio para trascender las limitaciones subjetivas del orden jurídico positivista con normas morales objetivas que sirven al bien común de toda la humanidad», recordó monseñor Tomasi.

De acuerdo con el delegado de la Santa Sede, reconocer a la libertad religiosa el papel de garante de la interrelación entre los diversos derechos fundamentales significa que «los poderes públicos deberían trabajar de forma que la profesión de una religión no limite los derechos civiles o la participación política e institucional, ni sea jamás utilizada para negar los derechos económicos, sociales y culturales a individuos o comunidades».

«Los principios y las reglas para la defensa de los derechos fundamentales, que también a través de la acción del Consejo para los Derechos Humanos y de sus esfuerzos de proponer procedimientos y mecanismos justos, están en un proceso de consolidación como patrimonio de la comunidad internacional y de los distintos países, muestran que no existe contraste entre la libertad religiosa y la libertad de expresión: ambas pertenecen a esas facultades intelectuales propias de la persona humana, a su acción en la esfera privada y pública», puntualizó.

De acuerdo con el prelado, éste es el marco en que el Consejo tiene el reto de «considerar las peticiones que hoy exhortan a regular el fenómeno religioso frente a casos de discriminación y de verdadera difamación de las religiones y de los miembros de una religión».

Tales peticiones «muestran que la acción internacional, junto a las iniciativas internas de los Estados, está llamada a garantizar un adecuado equilibrio en el ejercicio de estos dos derechos, reconociendo que la libertad de expresar un credo religioso, cuando existe autenticidad, asume una función pública –precisó–: contribuye a la cohesión social y por lo tanto a la vida pacífica de todos, minorías y mayoría, creyentes y no creyentes, dentro de un mismo país».

El contexto social y político apropiado para promover y defender todos los derechos humanos, «incluida la profesión de una religión o cambiar de ésta, incluso su rechazo», implica «la aceptación de que los derechos humanos están vinculados y que los estándares internacionales deberían traducirse en disposiciones nacionales jurídicas y legales para el beneficio, la protección y la libertad de toda persona», concluyó.

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